SANTIAGO DE CHILE - Las violaciones a los derechos humanos y la presencia de ex represores de la dictadura militar en instituciones chilenas nuevamente complica al presidente, Sebastián Piñera, y su idea de desligarse del régimen de Augusto Pinochet. "Ninguna persona que tenga responsabilidad en materia de violación a los derechos humanos va a ser parte de las Fuerzas Armadas o de nuestro gobierno", dijo ayer el mandatario ante el agitado panorama que lo recibió de regreso de sus vacaciones.
Encontró su agenda marcada por la polémica generada al informarse de la presencia de militares ligados a organismos represivos de la dictadura en su gestión.
El caso que más ruido generó fue el del actual Jefe del Estado Mayor y segundo hombre a cargo del Ejército chileno, el general Guillermo Castro Muñoz, que reconoció ante la Justicia haber participado como agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), policía secreta de la dictadura.
"Voces que callaron"
"El general Castro Muñoz tuvo una posición relevante en el Ejército durante el gobierno de Frei y ascensos muy importantes durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. Las voces que hoy se levantan, en aquel entonces callaron", indicó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Esta declaración molestó a la oposición, que aseguró que el criterio usado en los anteriores gobiernos fue el de llamar a retiro a militares que fueran objeto de "juzgamiento, procesamiento e imputación" y no por el sólo hecho de haber pasado por la CNI.
La visión no es compartida por las agrupaciones de defensa de los Derechos Humanos, ya que consideran que quien perteneció a organismos represores tiene "algún grado de responsabilidad en los crímenes".
Ante el complejo panorama, el gobierno de Piñera se ha encargado de dar señales para no seguir relacionados a la dictadura militar. Con este panorama, Piñera aseguró que en su administración hay "compromiso total e inquebrantable" con los derechos humanos. (DPA)